Sobre las críticas a su ministro de Defensa, José Múcio, por no haber adoptado medidas para impedir los ataques que al parecer habían sido previstos, Lula afirmó que confía en su colaborador.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los bolsonaristas radicales que asaltaron el domingo las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil.

“Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio (presidencial de Planalto). Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes”, aseguró el líder progresista en un desayuno con periodistas.

El mandatario dijo que aún no ha conversado con sus colaboradores sobre sus sospechas porque está esperando que la situación se calme un poco, pero que está convencido de que a los protagonistas de los actos antidemocráticos del domingo les abrieron las puertas.

“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada. Es decir que alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

La seguridad de Planalto depende tanto de la Guardia Presidencial, un batallón del Ejército, como de los agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, algunos de los cuales aparecen en videos confraternizando con los asaltantes.

De acuerdo con sus aliados, al asistir por televisión desde Sao Paulo los ataques a las sedes del poder, Lula se quejó de la inacción de las Fuerzas Armadas y de su incapacidad para prever que la situación llegaría a ese punto.

“La imagen que tengo es de unas Fuerzas Armadas que saben que su papel está definido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Su papel está definido en la Constitución y es lo que quiero que hagan bien hecho”, dijo.

Los miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que como su líder no reconocen la victoria de Lula en las presidenciales de octubre, asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de presionar un golpe de Estado contra el líder progresista.

El violento e inédito ataque concluyó con la detención de cerca de 1.800 personas, de las que una tercera parte fue liberada por razones humanitarias aunque seguirá vinculada al proceso.

El presidente dijo que ya inició un proceso de selección de personal para retirar a los bolsonaristas que trabajan en la Presidencia.

“La verdad es que el Palacio estaba repleto de bolsonaristas, de militares, y estamos viendo si conseguimos corregir eso para poner a funcionarios de carrera, de preferencia a civiles que estaban aquí y fueron transferidos”, afirmó.

Sobre las críticas a su ministro de Defensa, José Múcio, por no haber adoptado medidas para impedir los ataques que al parecer habían sido previstos, Lula afirmó que confía en su colaborador y que lo mantendrá en el cargo.

“Si tengo que sacar a cada ministro en el momento en que cometa un error, será la mayor rotación de mano de obra en la historia de Brasil. Todos cometemos errores”, dijo.

Ministro de Bolsonaro dice documento golpista fue “sacado de contexto”

Anderson Torres junto a Jair Bolsonaro.

El exministro de Justicia de Brasil Anderson Torres dijo este jueves que el documento encontrado por la Policía en su domicilio, que permitiría al expresidente Jair Bolsonaro tratar de cambiar el resultado de las elecciones, fue “sacado de contexto”.

El polémico documento, desvelado por el diario Folha de São Paulo, se trata de un borrador de un decreto que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.

“Había en mi casa una pila de documentos para descarte, donde muy probablemente encontraron el material descrito en el reportaje. Todo sería llevado para ser triturado oportunamente en el Ministerio de Justicia”, dijo Torres en su cuenta de Twitter.

El exministro de Bolsonaro, sobre quien pesa una orden de arresto, subrayó que “el citado documento fue incautado” cuando él no se encontraba en casa “y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” contra él.

“Respeto la democracia brasileña. Tengo mi conciencia tranquila en relación a mi actuación como ministro”, agregó Torres, quien es investigado por el Tribunal Supremo por su supuesta responsabilidad en los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.

El documento fue encontrado hace dos días durante los registros realizados por la Policía Federal en la residencia de Torres, quien se encuentra en Estados Unidos y es investigado por no haber hecho nada para detener el asalto contra la sede de los tres poderes, perpetrado el pasado domingo por miles de bolsonaristas.

Torres acababa de ser nombrado secretario de Seguridad Pública en la administración regional de Brasilia, pero alega que en el primer día en su nuevo trabajo se fue “de vacaciones” a Estados Unidos con su familia, aunque ha adelantado que pretende regresar a Brasil para colaborar con la Justicia.

En el mismo día de los ataques, Torres fue destituido del cargo por el gobernador Ibaneis Rocha, otro aliado de Bolsonaro, quien a su vez, fue suspendido de sus funciones durante noventa días por orden judicial.

Lula, quien decretó la intervención federal en el área de seguridad pública en Brasilia, afirmó este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los actos golpistas.

“Quiero ver los vídeos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio. Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes”, aseguró el líder progresista en un desayuno con periodistas.

Los ataques de los bolsonaristas, que estaban acampados desde hacía dos meses en las afueras de los cuarteles, han dejado unas 1.500 personas detenidas en Brasilia y abierto una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.

(CON INFORMACIONES DE EFE Y EUROPA PRESS)